Peñuelas en riesgo de perder $8 millones en fondos federales por incomunicación, impago y burocracia
Documentos oficiales obtenidos mediante solicitud de información pública revelan que dos proyectos de recuperación del huracán María llevan años paralizados, tienen una fecha límite federal que no se puede cumplir y fueron clasificados internamente como «en riesgo» por el Departamento de la Vivienda.
Por Elvin J. Estrada García · Legislador Municipal · 16 de marzo de 2026 · penuelastransparente.org
🏛️ Como legislador municipal de Peñuelas, es mi deber constitucional fiscalizar el uso de los fondos públicos en beneficio de nuestro pueblo. El 11 de febrero de 2026 radiqué una solicitud formal de información pública ante el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico. Lo que encontré en los documentos me preocupa profundamente y el pueblo de Peñuelas tiene el derecho de saberlo. Aquí están los hechos, respaldados por documentos oficiales.
Más de ocho millones de dólares en fondos federales destinados a reconstruir infraestructura y espacios públicos de nuestro pueblo corren el riesgo de devolverse sin que se haya colocado una sola varilla.
Así lo revelan los documentos que obtuve mediante la Solicitud de Información Pública PIR-26-00003, presentada bajo la Ley 141-2019, conocida como la Ley de Transparencia. Los documentos fueron preparados por el propio Departamento de la Vivienda y se refieren al Programa de Revitalización de la Ciudad (CRP, por sus siglas en inglés), el cual asignó fondos del programa federal CDBG-DR al municipio tras el paso del huracán María en 2017.
La respuesta, entregada el 13 de marzo de 2026 por la Oficina de Recuperación de Desastres del Departamento de la Vivienda, incluye un informe de proyectos fechado el 23 de febrero de 2026 que pinta un cuadro preocupante: dos proyectos aprobados, cero por ciento de ejecución física en ambos y una clasificación interna de «en riesgo» que la administración municipal no ha explicado públicamente.
📄 Documentos obtenidos: Los datos de este informe provienen de documentos oficiales obtenidos bajo el expediente PIR-26-00003, solicitados el 11 de febrero de 2026 y entregados el 13 de marzo de 2026 por la División Legal de la Oficina de Recuperación de Desastres del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico. Los documentos están disponibles para consulta pública.
Los proyectos
Peñuelas tiene dos proyectos activos bajo el CRP. El primero, identificado como PR-CRP-000841, es la Renovación Carretera #132, un proyecto de mejoras a la infraestructura vial del municipio afectada por el huracán María. El segundo, identificado como PR-CRP-001196, es el Waterfront Park Don Pedro Albizu Campos, la rehabilitación de un parque pasivo existente en el municipio.
Juntos, esos dos proyectos representan un costo actual de más de $8.1 millones en fondos federales de recuperación. Ninguno ha comenzado construcción.
| Proyecto | Costo estimado original | Costo actual | Ejecución física | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| PR-CRP-000841 — Renovación Carretera #132 | $2,953,391.62 | $3,987,702.78 | 0% | ⚠️ En riesgo |
| PR-CRP-001196 — Waterfront Park Don Pedro Albizu Campos | $1,500,000.00 | $4,140,989.82 | 0% | ⚠️ En riesgo |
Documento Oficial — Clasificación Interna de Riesgo
Las cifras revelan además que los costos de ambos proyectos se han disparado dramáticamente. El Waterfront Park casi triplicó su estimado original —de $1.5 millones a $4.1 millones— y la Renovación Carretera #132 aumentó su costo en más de $1 millón, de $2.95 millones a casi $4 millones. Todo esto sin que haya comenzado una sola obra de construcción.
A la fecha, los trabajos continúan detenidos. La administración municipal no ha respondido las comunicaciones del gerente del programa desde diciembre de 2025.
El impago que paralizó todo
En el centro del problema hay una disputa de dinero que nadie quiso resolver a tiempo.
La administración municipal contrató a ROV Engineering Services, PSC para que fungiera como gerente de programa (PMO) en los proyectos CRP. Esta empresa tenía a su cargo, entre otras tareas críticas, preparar los documentos ambientales obligatorios que el gobierno federal exige antes de autorizar cualquier construcción. Esos documentos —la consulta al State Historic Preservation Office (SHPO), el Registro de Revisión Ambiental (ERR) y la Autorización para Utilizar los Fondos de la Subvención (AUGF)— son los que abren la puerta a la fase de construcción. Sin ellos, no hay obras. Sin obras, no hay fondos.
El contrato con ROV Engineering venció en octubre de 2023, por un monto máximo de $796,204.80. Pero la empresa continuó prestando servicios más allá de esa fecha. A cambio, según revelan los documentos, la administración municipal no le pagó las facturas correspondientes a los servicios prestados entre 2023 y 2025.
El 23 de septiembre de 2025, ROV Engineering envió una carta formal notificando que paralizaría todos sus trabajos hasta que se resolviera el asunto del pago. El destinatario de esa carta fue la antigua persona de contacto del municipio —quien ya no ocupa ese puesto— lo que indica, además, que un cambio de personal en la administración agravó aún más la situación.
A la fecha de este informe —más de cinco meses después de esa carta— los trabajos continúan detenidos.
⚠️ El Departamento de la Vivienda señala en su informe que existe una alternativa disponible: el municipio puede solicitar Asistencia Técnica para que el propio gerente del programa complete los documentos ambientales. Hasta la fecha, según los documentos que obtuve, la administración municipal no ha hecho esa solicitud.
La administración no contesta
La paralización del contratista no es el único problema documentado.
El informe de Vivienda revela que el gerente del programa —designado por Vivienda para supervisar los proyectos— lleva meses intentando comunicarse con el municipio sin éxito. La última reunión formal entre ambas partes fue el 2 de diciembre de 2025. Desde entonces, el gerente ha enviado comunicaciones reiteradas exigiendo respuestas sobre los asuntos pendientes y la reanudación de las reuniones bisemanales que exige el programa.
La administración municipal no ha respondido.
Esa incomunicación no es un detalle menor. Las reuniones bisemanales no son una cortesía administrativa: son parte de los requisitos formales del Programa de Revitalización de la Ciudad. Su incumplimiento es una señal de alarma que Vivienda ya documentó en su evaluación interna de riesgo.
La fecha límite que no se puede cumplir
Por encima de todo, hay un reloj corriendo. Y según los documentos, el municipio ya perdió la carrera.
El Acuerdo de Subrecipiente entre Vivienda y el municipio, enmendado por última vez en noviembre de 2024, establece el 31 de diciembre de 2027 como fecha límite para culminar todos los proyectos. Esa es la fecha que impone el gobierno federal para el uso de los fondos CDBG-DR. Pasada esa fecha, los fondos no utilizados regresan al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD).
Pero el propio cronograma proyectado de Vivienda dice que la construcción de la Renovación Carretera #132 no terminaría hasta el 16 de marzo de 2028, y la del Waterfront Park hasta el 4 de mayo de 2028. Entre tres y cuatro meses después de la fecha límite federal.
Y eso asume que la construcción comienza en los próximos meses, que los documentos ambientales se completan, que el impago a ROV se resuelve, que el municipio retoma las comunicaciones y que no surgen más obstáculos. Ninguna de esas condiciones existe hoy.
El propio cronograma de Vivienda proyecta la culminación de las obras en 2028 — entre tres y cuatro meses después de la fecha límite federal de diciembre de 2027.
Un problema de titularidad que nadie resolvió
El Waterfront Park tiene además un problema adicional: la administración municipal no puede demostrar que el terreno le pertenece.
Según el informe de Vivienda, aunque en el sistema del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) la propiedad aparece a nombre del municipio, la administración no tiene las escrituras que acrediten la titularidad formal del terreno. Sin esas escrituras, el proyecto no puede avanzar en varios frentes del proceso de aprobación federal.
El informe de Vivienda identifica esta situación como uno de los factores de riesgo del proyecto y señala que el municipio está trabajando en los documentos necesarios para cumplir con los requisitos del programa. Sin embargo, mientras ese proceso no concluya, el proyecto no puede avanzar.
Los contratos que cuentan otra historia
Una revisión de los contratos publicados en el portal oficial del Departamento de la Vivienda revela información adicional que complica el cuadro.
Los registros muestran que, bajo el mismo proyecto PR-CRP-000841, Vivienda contrató a una segunda empresa —Project Management Services, PSC— para los servicios de diseño y arquitectura. Ese contrato, identificado como 2023-000312, fue suscrito el 23 de febrero de 2023 por un monto de $183,193.13, con vigencia hasta el 22 de febrero de 2024. Venció hace más de dos años. Una enmienda posterior —2023-000312A— amplió el alcance del proyecto, pero también reveló que el contrato original carecía de cláusulas obligatorias del programa federal CDBG-DR que nunca fueron incluidas desde el inicio.
Ese tipo de deficiencia contractual —cláusulas faltantes en contratos federales— es exactamente el tipo de irregularidad que puede desencadenar hallazgos en auditorías y comprometer el cumplimiento del programa.
El contrato original de ROV Engineering tuvo el mismo problema: su primera enmienda fue emitida precisamente para añadir las cláusulas CDBG-DR que no fueron incluidas desde el inicio.
Lo que le exijo a la administración municipal
Como legislador municipal, es mi responsabilidad no solo informar sino actuar. Por eso, mediante este informe y a través de los mecanismos legislativos disponibles, le exijo formalmente a la administración municipal que responda públicamente las siguientes preguntas:
- ¿Cuánto dinero se le debe a ROV Engineering Services, PSC y desde cuándo están pendientes esas facturas?
- ¿Ese gasto estaba incluido en el presupuesto municipal? ¿Por qué no se pagó?
- ¿Quién es actualmente el punto de contacto oficial del municipio para los proyectos CRP?
- ¿Por qué la administración no ha respondido las comunicaciones del gerente del programa del Departamento de la Vivienda desde diciembre de 2025?
- ¿Ha solicitado el municipio la Asistencia Técnica disponible para completar los documentos ambientales requeridos?
- ¿Cuál es el plan concreto de la administración para evitar perder estos fondos antes del 31 de diciembre de 2027?
- ¿En qué estado se encuentran las escrituras del terreno del Waterfront Park Don Pedro Albizu Campos?
El pueblo de Peñuelas merece respuestas. Estos fondos son nuestros. Fueron asignados para recuperarnos del huracán María. No podemos permitir que se pierdan por inacción, desorganización o falta de comunicación.
Continuaré fiscalizando y mantendré informada a nuestra comunidad sobre el desarrollo de este asunto.
Sobre este informe: Este informe de fiscalización se basa en documentos oficiales obtenidos mediante la Solicitud de Información Pública PIR-26-00003, presentada el 11 de febrero de 2026 y respondida el 13 de marzo de 2026 por la División Legal de la Oficina de Recuperación de Desastres del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico.
Contacto: penuelastransparente.org — Elvin J. Estrada García, Legislador Municipal de Peñuelas
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