El presupuesto de $16.4 millones se aprobó 9-3 sin entregar los documentos solicitados, sin sesiones adicionales de trabajo y con más preguntas que respuestas.
Por Elvin Joel Estrada García | Legislador Municipal de Peñuelas | 26 de junio de 2026
Ayer, 25 de junio de 2026, la Legislatura Municipal de Peñuelas aprobó el presupuesto del Año Fiscal 2026-2027 por $16,378,168. Nueve legisladores votaron a favor. Tres votamos en contra.
Se aprobó sin que se entregaran los 14 documentos de respaldo que solicité formalmente el 24 de junio. Se aprobó en una sola sesión ordinaria, a pesar de que el 23 de junio solicité al menos dos sesiones de trabajo para evaluar un documento que decide cómo se gastan más de $16 millones del pueblo. Y se aprobó después de que, en plena sesión, cuando se cuestionaron los aumentos de personal, los gastos sin justificar y la redistribución de empleados, la respuesta fue una sola frase:
«Esto es política pública del alcalde.»
Esa frase no fue un desliz. Fue la respuesta oficial a algunos señalamiento. Y merece que la examinemos con cuidado, porque si todo lo que contiene este presupuesto es política pública del alcalde, entonces el pueblo de Peñuelas tiene derecho a saber exactamente qué dice esa política pública con sus números.
Lo que dice la política pública del alcalde
Más burocracia, menos ayuda directa
La Oficina del Administrador de la Ciudad pasó de un presupuesto de $76,056 a $317,961 — un aumento de más del 300%. De 3 empleados a 10. Incluye un asesor en asuntos legislativos por $48,000 que no fue justificado en sesión.
Y no es el único contrato sin justificar. La Secretaría Municipal tiene presupuestado un consultor tecnológico por $45,000 y la Oficina de Finanzas un asesor en asuntos administrativos por $60,500. En total, tres contratos que suman $153,500 sin que nadie haya explicado qué van a hacer, para quién van a trabajar, ni cómo fueron seleccionados.
La Oficina del Vicealcalde creció de 3 a 13 empleados — un aumento de más del 50% en presupuesto. Los puestos que se añadieron son guardias de seguridad y despachadores. La pregunta que se hizo: ¿qué hacen guardias de seguridad y despachadores asignados a la oficina del Vicealcalde en vez de a la Policía Municipal o al departamento de la facilidad que vigilan?
Mientras tanto, la oficina que atiende directamente al ciudadano — Servicios al Ciudadano/Asuntos al Ciudadano — redujo sus donativos a personas necesitadas de $172,200 a $79,000 — $93,200 menos para personas en emergencia y familias que dependen de esa ayuda. ¿La justificación? Se añadieron auxiliares administrativos y ayudantes especiales sin funciones definidas en el documento presupuestario. Más gente cobrando sueldo, menos dinero llegando al que lo necesita.
Cuando se señaló esta contradicción, la respuesta fue la misma: política pública del alcalde.
Lo que sí se justifica — y lo que no
Es importante ser preciso. No todo en este presupuesto carece de fundamento.
La incorporación de dos trabajadores sociales, cocineros y un empleado de salud en Servicios al Ciudadano/Asuntos al Ciudadano tiene sentido. Son funciones que responden a necesidades reales de la comunidad. Del mismo modo, la expansión de la Policía Municipal con nuevos cadetes responde a una necesidad de seguridad pública que el pueblo ha señalado.
Recomendaría la contratación de servicios psicológicos como parte de la ayuda que necesita la población que se atienden desde esta oficina; colaboraciones con organizaciones sin fines de lucro puede ayudar.
Eso se reconoce.
Lo que no se justifica es el resto: los auxiliares administrativos sin funciones claras, los ayudantes especiales sin descripción de tareas, los tres consultores que suman $153,500 sin que nadie explique qué van a hacer.
Cuando hay gastos que se justifican por su función y gastos que solo se justifican porque «es política pública del alcalde«, la diferencia es evidente.
$77 de cada $100 se van en nómina
El dato más revelador de este presupuesto no requiere interpretación. De cada $100 que el municipio recibe en su Fondo General, $77 se destinan a pagar empleados. El año pasado eran $73. Cuatro dólares más por cada cien en un solo año.
Y ese número ya excluye la expansión de la Policía Municipal, que se justifica por su función de seguridad pública. El aumento responde a los movimientos administrativos: los auxiliares, los ayudantes especiales, los asesores, la expansión de oficinas ejecutivas. Es la política pública del alcalde la que consume esos cuatro dólares adicionales.
¿Qué queda con los $23 restantes? Pagar la luz ($764,000), el agua ($200,000), los seguros ($472,000), el combustible, los materiales y todo lo que un municipio necesita para funcionar. Para mejorar una carretera, reparar un parque o arreglar una instalación municipal con fondos propios: cero. Por segundo año consecutivo.
¿Qué pasa si ocurre una emergencia? Nos tocará esperar a que nos rescaten.
La ilusión de que Finanzas bajó $2 millones
Durante la sesión se intentó presentar como logro que el presupuesto del Departamento de Finanzas bajó casi dos millones de dólares. A preguntas de seguimiento de este servidor, lo que se explicó es que esa reducción corresponde casi en su totalidad a las transferencias para el pago de la deuda pública municipal. No es que se haya economizado. Es que se reestructuró cómo se contabiliza el pago de lo que se debe. Presentar eso como un ahorro es confundir contabilidad con eficiencia.
Se tenía que pagar unos préstamos y de ahí los casi dos millones en reducción.
Certificaciones simbólicas
La Oficina de Gerencia y Presupuesto señaló que no se había presupuestado nada para la disposición de desperdicios sólidos. La corrección fue asignar $5,000. Recoger la basura del municipio cuesta alrededor de $1.2 millones al año. Cinco mil dólares no dan ni para recoger dos meses de basura de un solo dumpster — pero cumplen con el requisito de que la línea no aparezca en cero.
Este es el patrón que se repite a lo largo del presupuesto: algunas certificaciones existen para satisfacer requisitos formales, no para reflejar la realidad operacional del municipio.
Sin plan B
Cuando este servidor preguntó qué pasa si no se recaudan los $1,098,403 estimados en arbitrios de construcción — de los cuales el 96% depende de proyectos federales — se mencionó que se cuenta con la certificación de la Oficina de Asuntos Federales. En eso descansa gran parte del presupuesto.
No existe un plan de contingencia. La propia OGP advirtió este riesgo en su carta del 12 de junio, por segundo año consecutivo.
A eso se le suman los $1,082,391 en Otros Ingresos que solo se tiene certeza del 900 mil dólares del CRIM.
Los movimientos que nadie explicó
El presupuesto mueve empleados entre departamentos como piezas de ajedrez. Recursos Humanos pierde 19 empleados, Recreación pierde 9, Planificación pierde 8. Mientras, la oficina del vice-alcalde, el administrador de la ciudad y otras ganan empleados. La respuesta: «es política pública del alcalde».
Y cuando se preguntó sobre estos movimientos, sobre los aumentos de personal en oficinas ejecutivas, sobre los consultores sin nombre y los asesores sin funciones claras, la respuesta fue siempre la misma: «es política pública del alcalde».
Lo que realmente significa esa frase
Decir «esto es política pública del alcalde» no es una justificación. Significa: estas decisiones las tomé yo, y no tengo que explicarlas más allá de eso.
Pero un presupuesto municipal no es un documento privado. Es el plan de gastos de $16.4 millones que salen del bolsillo de cada vecino de Peñuelas — de las patentes que pagan los comerciantes, de las contribuciones sobre la propiedad, de los arbitrios, de los impuestos. Cada centavo tiene dueño, y el dueño no es el alcalde. Es el pueblo.
Lo que sigue
En las próximas semanas:
➡️Los 14 documentos solicitados siguen pendientes. Seguiremos exigiendo por los canales institucionales que dispone la ley.
➡️Solicitar información sobre si se alcanzaron los recaudos del presupuesto 2025-2026.
➡️Monitorearemos los contratos de los consultores que suman $153,500 sin justificación: cuándo se firman, con quién, y qué servicios proveen.
Este presupuesto se aprobó como política pública del alcalde. Ahora le toca al pueblo evaluar si esa política pública le sirve.
Elvin Joel Estrada García
Legislador Municipal de Peñuelas
penuelastransparente.org
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