Estorbos públicos en el sur: lo que reveló la vista pública del Senado en Peñuelas

Por Elvin Joel Estrada García | Legislador Municipal de Peñuelas | 28 de agosto de 2026

El pasado martes 25 de agosto de 2026, el municipio de Peñuelas fue sede de la segunda vista pública convocada bajo la Resolución del Senado 252, presidida por la senadora del Distrito de Ponce, Hon. Jamie Barlucea Rodríguez, en su calidad de presidenta de la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico.

Estuve presente en la audiencia, tomando notas y escuchando con atención los testimonios de cada municipio y entidad participante. Lo que comparto aquí es un resumen de lo que trascendió en esa vista, junto con mis observaciones como legislador municipal que vive y trabaja todos los días con las realidades de Peñuelas.

¿Qué es la Resolución del Senado 252?

La RS 252 ordena a las comisiones de Vivienda y Bienestar Social y de Asuntos Municipales del Senado realizar una investigación exhaustiva sobre el estado actual de las propiedades abandonadas en Puerto Rico, el manejo de los estorbos públicos y las expropiaciones forzosas, el cumplimiento de la Ley 114-2024 y el Artículo 4.011 del Código Municipal (Ley 107-2020), así como la evaluación de modelos exitosos implementados por municipios y organizaciones sin fines de lucro.

En otras palabras, el Senado quiere saber: ¿qué está funcionando, qué no, y qué necesitan los municipios para poder atender esta crisis de propiedades abandonadas que afecta a nuestras comunidades?

¿Por qué esto es importante para Peñuelas?

Puerto Rico enfrenta una paradoja dolorosa: se estima que existen más de 150,000 propiedades abandonadas o en condición de estorbo público en toda la isla, y simultáneamente hay un déficit de hasta 55,000 unidades de vivienda asequible. Casas vacías que se deterioran mientras familias buscan dónde vivir.

En el sur de Puerto Rico, esta realidad se agravó tras los terremotos de enero de 2020. Muchas familias abandonaron sus hogares dañados y nunca regresaron. Los municipios, con presupuestos limitados, han tenido que lidiar con un volumen creciente de estructuras en ruinas que afectan la seguridad, la salud pública y el valor de las propiedades vecinas.

Los municipios que participaron y lo que reveló cada uno

En la vista pública participaron como deponentes los municipios de Juana Díaz, Ponce, Peñuelas, Guánica y Guayanilla, junto al Departamento de la Vivienda, el Consorcio del Sur (CONSUR) y el Centro para la Reconstrucción del Hábitat (CRH). Cada uno presentó su realidad, y aunque las cifras varían, los obstáculos se repiten.

Juana Díaz: el modelo que busca ser ejemplo

El Administrador Municipal de Juana Díaz, Juan Carlos Figueroa, presentó el programa «Aquí es Mi Hogar», un esfuerzo que el municipio coadministra junto al Centro para la Reconstrucción del Hábitat (CRH), por el cual pagan $48,000 en servicios profesionales.

Un dato importante: los municipios que trabajan con el CRH a través del modelo de bancos de tierras cuentan con un inventario de todos los estorbos públicos identificados completamente accesible al público. Esto es una ventaja significativa, porque la mayoría de los municipios que no operan bajo el modelo del CRH simplemente no tienen esa información disponible ni para sus ciudadanos ni de forma organizada para su propia gestión. En un país donde solo 16 de 78 municipios cumplen con la obligación legal de publicar su inventario, eso no es un detalle menor.

Los datos que presentaron son los más organizados de todos los deponentes:

Mantienen un inventario de aproximadamente 320 propiedades abandonadas.
Cerca de 200 propietarios han respondido a las notificaciones y han asumido responsabilidad por sus inmuebles, comenzando procesos de rehabilitación.
Han realizado 8 expropiaciones hasta la fecha.
Utilizan pilares de comunicación y reuniones comunitarias como estrategia de identificación.
El CRIM ha sido recomendado como aliado clave en la verificación de datos por el propio municipio.

Lo que más llamó mi atención fue su modelo de subasta con tres modalidades: una lotería de vivienda asequible para familias de bajos ingresos, una subasta a bajo costo dirigida a la clase media, y una propuesta donde el municipio invierte fondos propios en la rehabilitación. Juana Díaz está próximo a anunciar su primera subasta de venta de propiedades declaradas estorbos públicos, priorizando a familias sin hogar que sean residentes del municipio.

Ponce: la magnitud del reto

El Director de Vivienda de Ponce presentó una realidad que dimensiona la escala del problema en la ciudad más grande del distrito. Ponce estima que existen unas 4,000 propiedades vacantes que podrían calificar como estorbos públicos en su jurisdicción.

La necesidad de evaluar y acelerar el calendario para declarar estorbos públicos.
Que todos los fondos de HUD se puedan cobrar y utilizar para atender esta problemática.
La urgencia de revisar las leyes de herencia que traban los procesos de titularidad.

Peñuelas: nuestra realidad

El vicealcalde Jeffrey Santos representó a Peñuelas en la vista. El municipio identificó los siguientes puntos:

El municipio ha identificado +800 residencias abandonadas y relacionadas con esta problemática, de las cuales se han identificado formalmente 200 casas y solares.
Los retos principales son: problemas con herederos, restricciones presupuestarias y la falta de profesionales especializados en el área de vivienda y estorbos públicos.
Se habló de la necesidad de establecer un fondo especial, evaluar enmiendas que reduzcan los plazos del calendario de declaración e implementar incentivos contributivos para propietarios que rehabiliten voluntariamente.
Se presentaron iniciativas a través del Código Municipal y atemperar una ordenanza vigente para atender estorbos públicos.
La administración municipal apuesta por contratar una compañía privada para gestionar el programa, siguiendo el modelo de municipios como San Lorenzo, Las Piedras y Aibonito.

Aquí es donde debo ser honesto con la gente de Peñuelas. El modelo de compañías privadas tiene antecedentes mixtos. Aibonito, por ejemplo, ha enfrentado dificultades utilizando este esquema. Antes de comprometer fondos públicos en contratos privados, debemos asegurarnos de que existan controles claros, métricas de rendimiento y transparencia en la selección del contratista. ¿Se hará mediante un proceso competitivo? ¿Cómo se medirá el éxito? ¿Costará más que la propuesta del mun. de Juana Díaz con el CRH? Estas preguntas son indispensables antes de avanzar. No basta con delegar el trabajo; hay que fiscalizar que se haga bien y que el dinero del pueblo se invierta con resultados tangibles.

Guánica: el municipio más golpeado busca soluciones creativas

Guánica presentó junto al Centro para la Reconstrucción del Hábitat (CRH) y mostró un enfoque diferente al de los demás municipios. Guánica perdió el 29% de su población tras los terremotos de 2020 y hoy tiene apenas unos 13,787 residentes.

Trabajan con el CRH y Rural Development (USDA) en la creación de un Banco de Tierras Comunitarias, financiado por una subvención de $300,000 del USDA.
Han identificado 74 viviendas en proceso, de las cuales la mitad de los propietarios no han respondido a las cartas de notificación.
Utilizan Airtable como herramienta digital para el manejo de su inventario (Similar a Juana Díaz).
Solicitaron simplificar los procesos de expropiación, reducir los costos, establecer un fondo permanente para cubrir gastos procesales (cortes, abogados), y establecer términos razonables para que las agencias contesten solicitudes de información pública.
Plantearon la necesidad de procedimientos especiales para propiedades cuyos titulares han fallecido.
Pidieron que las propiedades se vendan directamente a personas que las necesiten como primera vivienda o vivienda principal.
Preocupación clave: ¿cómo evitar que las propiedades rehabilitadas vuelvan a convertirse en estorbos públicos?

El modelo de Guánica con el Banco de Tierras es probablemente la iniciativa más innovadora que se presentó en esta vista. Es un modelo que ha funcionado en ciudades como Cleveland, Ohio, y que en Puerto Rico apenas se está empezando a implementar. La pregunta que queda es si Guánica, con sus limitaciones presupuestarias, podrá sostener este esfuerzo a largo plazo sin apoyo continuo del gobierno central.

Guayanilla: la escala del problema es mayor de lo que se pensaba

Guayanilla presentó los números más altos en proporción a su tamaño:

Reportan más de 1,700 propiedades vacantes, de las cuales unas 1,000 están en evaluación.
Han recibido 300 solicitudes o referidos ciudadanos.
Los obstáculos principales: titularidad y sucesiones, personas difíciles de localizar, falta de información integrada entre agencias, y escasez de recursos humanos y económicos.
Mencionaron la Ley 21-2012 como referencia y solicitaron asistencia técnica y económica, así como mecanismos de financiamiento para poder avanzar.

Los 1,700 vacantes de Guayanilla revelan una crisis que va más allá del abandono residencial. Cuando un municipio pequeño tiene esa cantidad de propiedades vacías, el impacto en la recaudación contributiva, en la seguridad pública y en la moral comunitaria es devastador.

Lo que dijeron las entidades gubernamentales

Departamento de la Vivienda

La Sub-Secretaria de Vivienda informó que, como parte de sus programas, han identificado cerca de 50,000 propiedades a nivel isla, principalmente residencias. Señalaron los altos costos de rehabilitación como un obstáculo y mencionaron una compañía o propuesta de subasta que hace trabajo similar al del CRH. No se pudo proveer una cifra sobre cuántas propiedades abandonadas existen en los municipios costeros del sur.

CONSUR (Consorcio del Sur)

El Consorcio del Sur, compuesto por los municipios de Ponce, Guayanilla, Yauco, Guánica, Lajas y Peñuelas, administra el programa ReSURge con $221 millones en fondos CDBG-DR para la reparación y reconstrucción de viviendas afectadas por los terremotos de 2019-2020.

Centro para la Reconstrucción del Hábitat (CRH)

El CRH hizo un señalamiento que considero central para entender todo este problema: la sucesión es la principal causa de abandono de propiedades, no la falta de voluntad para declararlas estorbos públicos. Cuando un propietario fallece y los herederos no gestionan la sucesión —ya sea por desconocimiento, por estar fuera de Puerto Rico, o por conflictos entre familiares— la propiedad queda en un limbo legal que puede durar años o décadas.

Este señalamiento del CRH pone el dedo en la llaga. No basta con acelerar los procesos de expropiación si no atendemos la raíz del problema: las sucesiones inconclusas.

Los obstáculos que se repiten en todos los municipios

Desfase de información entre el CRIM y el Registro de la Propiedad. Obtener certificaciones puede tomar días, semanas o hasta 90 días. No hay una plataforma digital que integre los datos. Falta de TRANSPARENCIA.
Sucesiones inconclusas y controversias entre herederos. Es el obstáculo más difícil porque involucra derechos constitucionales. Pero necesitamos procedimientos más ágiles sin menoscabar los derechos sucesorales.
Procesos judiciales lentos. Algunos jueces no están familiarizados con la legislación específica de estorbos públicos y aplican procedimientos que no corresponden, extendiendo los casos innecesariamente.
Falta de recursos municipales. Los municipios pequeños no tienen el personal, los abogados, ni los fondos para manejar programas de esta complejidad.
Ausencia de guías uniformes. Cada municipio está inventando su propio proceso. No existe un manual estandarizado del gobierno central.

Las recomendaciones que surgieron

Plataforma digital interagencial que integre información del CRIM, el Registro de la Propiedad, Vivienda y los municipios.
Fondo especial para ayudar a los municipios a sufragar los costos procesales de las expropiaciones.
Capacitación a jueces y funcionarios sobre la legislación de estorbos públicos.
Incentivos contributivos para que los propietarios rehabiliten sus inmuebles antes de que sean declarados estorbos.
Mecanismos de seguimiento para evitar que las propiedades recuperadas vuelvan a quedar abandonadas.
Términos razonables para que las agencias respondan a solicitudes de información pública.
Evaluación de enmiendas legislativas que reduzcan los plazos del proceso de declaración de estorbos.

Lo que viene

La próxima vista pública se celebrará el miércoles 23 de septiembre de 2026 en Utuado, donde estarán convocados los municipios de Adjuntas, Jayuya, Lares, Ciales, Maricao y Las Marías. Será interesante comparar la realidad de los municipios de la montaña con lo que vimos en el sur.

Mi reflexión como legislador de Peñuelas

Esta vista me dejó con varias certezas y varias preocupaciones.

La certeza es que este problema tiene solución, pero requiere voluntad política, coordinación interagencial y recursos reales. Modelos como el Banco de Tierras de Guánica y el programa «Aquí es Mi Hogar» de Juana Díaz demuestran que cuando hay organización y compromiso, se avanza.

Peñuelas debería adoptar un modelo accesible y comunitario como el Banco de Tierras que impulsa Guánica o el programa «Aquí es Mi Hogar» de Juana Díaz. Estos modelos ponen al ciudadano en el centro, hacen la información pública y generan resultados medibles. No es teoría: son municipios vecinos nuestros que ya lo están haciendo. Precisamente por eso, desde enero de 2026 radiqué un proyecto legislativo para atemperarnos a lo que están haciendo estos municipios vecinos y encaminar a Peñuelas hacia un programa estructurado y comunitario de manejo de estorbos públicos.

Estamos advertidos. Puerto Rico ya vivió lo que pasa cuando se privatiza sin controles el manejo de estorbos públicos. El caso más documentado es el de Universal Properties Realty Government Services (Mira Problemas con la privatización del manejo de estorbos públicos en Puerto Rico), una empresa que llegó a tener contratos con 22 municipios para administrar sus programas de estorbos públicos, incluyendo a Guayanilla, nuestro vecino inmediato.

En Caguas, el municipio tuvo que cancelar el contrato con Universal Properties después de que una investigación interna confirmó irregularidades graves: la empresa retuvo indebidamente $1.5 millones, infló facturas y realizó representaciones falsas a nombre del municipio. Pero el problema fue más profundo que eso. Investigaciones periodísticas del Centro de Periodismo Investigativo y otros medios revelaron que empleados municipales, allegados del alcalde y miembros de comités políticos estaban entre los que compraban a precio de ganga las propiedades expropiadas, algunas adquiridas por $22,000 cuando su valor real superaba los $100,000. La empresa identificaba los estorbos, generaba los expedientes, notificaba a las partes, procedía con las ejecuciones y participaba en la venta, todo sin pasar por subasta pública ni registro en la Oficina del Contralor. Un negocio redondo para unos pocos, pagado con la autoridad del gobierno municipal.

En Aibonito, vecinos que compraron propiedades a través de Universal Properties terminaron sin casa y sin dinero. La empresa cobró, nunca transfirió las propiedades y no devolvió los fondos. Dos compradores tuvieron que demandar para recuperar su inversión, y lo que recibieron fueron cheques emitidos no por Universal Properties, sino por CRSG, LLC, una empresa supuestamente nueva, pero conectada directamente con la gerencia de Universal. Aibonito le otorgó contrato a CRSG en septiembre de 2025, a pesar de que ya para esa fecha existían decenas de demandas contra Universal Properties y una investigación abierta del Departamento de Justicia.

Ese patrón se repitió en Arroyo, San Germán, Juncos, Las Piedras y otros municipios: compradores que pagaron miles de dólares y quedaron en el limbo, propiedades habitadas que fueron declaradas estorbos a espaldas de sus dueños, contratos que no pasaron por procesos competitivos, y municipios que terminaron como codemandados en casos judiciales por las acciones de su contratista.

Lo que estos casos demuestran es claro: cuando un municipio cede a una empresa privada el poder de identificar, declarar, expropiar y vender propiedades, sin supervisión real, sin transparencia y sin participación comunitaria, el programa deja de ser un instrumento de política pública y se convierte en un negocio de bienes raíces con dinero y autoridad del pueblo.

Por eso insisto: antes de que Peñuelas firme cualquier contrato de este tipo, necesitamos saber exactamente qué empresa se va a contratar, cuál es su historial, qué controles se van a establecer, y cómo se va a garantizar que las comunidades tengan voz y acceso a la información en todo momento. No podemos repetir lo que pasó en otros municipios.

La preocupación es que, a pesar de ese esfuerzo, todavía estamos en una etapa temprana. El Plan de Recuperación 2023 identificó 1,803 propiedades, pero solo 200 están formalmente documentadas. La apuesta actual de la administración por una compañía privada puede funcionar, pero necesita controles robustos y transparencia total. Desde la Legislatura Municipal, estaré pendiente de cómo se estructura ese contrato y de que responda a los intereses de las familias peñolanas, no de intereses particulares.

Documento «Problemas con la privatización del manejo de estorbos públicos en Puerto Rico»

Elvin J. Estrada García es legislador municipal de Peñuelas (2025-2029), educador y biólogo. Publica en penuelastransparente.org como parte de su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno municipal.